Nos preocupamos de asegurar un mayor equilibrio entre los distintos intereses que existen y que ejercen su influencia en torno a los procesos democráticos, muchas veces inclinados hacia un interés productivo extractivista, en desmedro del medio ambiente y las comunidades locales e indígenas, aumentando sus vulnerabilidades. Es por eso que en Costa Humboldt participamos activamente de las discusiones que se dan tanto en las respectivas comisiones del Congreso Nacional, como en las instancias convocadas por el Poder Ejecutivo, con el propósito de vincular las realidades territoriales con los tomadores de decisiones.
Asimismo, utilizamos las distintas herramientas que proveen tanto el sistema político como el ordenamiento jurídico (participación ciudadana, el acceso a la información pública y a la justicia ambiental), como vías idóneas para recomponer situaciones perjudiciales para el medio ambiente y las comunidades locales e indígenas que defienden sus territorios ante amenazas latentes. El uso del derecho y las diversas instancias que ofrece tanto el Poder Judicial como la Administración Pública para impugnar medidas o decisiones que afectan pretensiones alineadas con la defensa del patrimonio ambiental y cultural, resulta esencial cuando han fallado las etapas previas de negociación y diálogo.
En este contexto, hemos trabajado en distintas propuestas de mejoramiento regulatorio e institucional en el marco de proyectos financiados por el FMAM (GEF) e implementados por agencias de Naciones Unidas (PNUD, UNOPS, FAO), e instituciones de gobierno (MMA, Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura), y la participación activa en proyectos de ley, tales como el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y Ley Marco de Cambio Climático. Adicionalmente, formamos parte de un grupo de trabajo para el mejoramiento de la política pública pesquera conformado por distintas ONG ambientales de nivel nacional, regional y global.
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